Renatto Bautista Rojas
Magíster en Gestión de Políticas Públicas, Licenciado
en Ciencia Política y catedrático nombrado en la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de la UNFV
Publicado en El Montonero, con fecha 29-11-2022
En la madrugada del 25 de noviembre del 2022, el presidente
Castillo dio un mensaje a la nación, breve pero revelador de su intención
golpista. Por eso, repetiré las líneas expresas de su vil intentona golpista y
soterrada:
“Luego de este rehusamiento expreso de la confianza
con la expresión de ´rechazo de plano’ y habiendo aceptado la renuncia del
premier renovaré el gabinete.”
Indudablemente, el desgobierno de Castillo está lleno
de tinterillos, no de expertos abogados constitucionalistas porque si fuera lo
último le explicarían a Castillo que existe una sentencia del Tribunal
Constitucional (Pleno. Sentencia 6/2022 de fecha 3 de febrero del 2022) que
claramente señala que no existe en la Constitución la figura de denegatoria
fáctica de la confianza de un gabinete (vil falacia usada por los golpistas
Vizcarra y Del Solar). Por dicha razón es válido citar lo siguiente de la
sentencia antes mencionada:
“No, para nosotros, la ley
impugnada en este caso solo restaura el equilibrio de poderes establecido en la
Constitución. Dicho equilibrio fue roto por la referida disolución del
Congreso, convalidada por la sentencia de mayoría subsecuente. Nosotros,
consecuentes con los votos singulares que emitimos contra ella, votamos por
declarar la presente demanda INFUNDADA en todos sus extremos.”
En esta impecable sentencia, la mayoría de magistrados
del Tribunal Constitucional señalan con verdad que la disolución del Parlamento
(30 de septiembre del 2019 por parte de Vizcarra y Del Solar) rompió todo
equilibrio de poderes porque el intelectual Montesquieu realizó la teoría de
separación de Poderes para evitar el poder en una sola mano además la solo
existencia de los tres clásicos poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial) con los pesos y contrapesos constitucionales son la mejor barrera
para evitar cualquier tentación autoritaria del Poder Ejecutivo para imponerse
sobre el Parlamento.
En esta lógica, es obvio que Castillo, Perú Libre y
todos los tinterillos creen que el Parlamento les ha denegado fácticamente la
confianza, cuando esa figura no existe de acuerdo con una sentencia antes
señalada por el Tribunal Constitucional. En este obvio plan, van por una
segunda arremetida contra el Parlamento, de seguro presentando una cuestión de
confianza por un asunto constitucional que no es potestad del Ejecutivo
formular, pero aquí los tinterillos castillistas creen que la Carta Magna puede
ser deformada por sus intereses subalternos que es establecer una Asamblea
Constituyente bolchevizada (sindicatos, gremios y demás furgones de cola del
socialismo) como señaló Castillo en su primer y mediocre mensaje a la Nación.
Los peruanos de bien y decentes deben entender que el
desgobierno de Castillo va para cerrar el Parlamento (primer poder del Estado
señalado por Montesquieu) que siempre representa la violación de la separación
de poderes, es decir si esto ocurre vamos hacia el sendero del autoritarismo.
Finalmente, quiero manifestar que me parece indigna la
firma del segundo vicepresidente del Parlamento, Digna Calle de la bancada
Telesup, perdón Podemos Perú del investigado por corrupción, Luna Gálvez que
votó en contra de rechazar la cuestión de confianza presentada por el admirador
de Hitler, Aníbal Torres. Indudablemente, estos nos confirman que Podemos Perú
es furgón de cola del desgobierno de Castillo. Por eso, creo que, en todos los
partidos en el Parlamento que guardan silencio cómplice respecto a las
corruptelas de Castillo, desde Acción Popular con inefables
“niños” que no son expulsados de este partido o los vizcarristas de Somos Perú
o el trío de los Morados y obviamente Podemos Perú de Luna alias “Telesup sin
licencia institucional” son los responsables de que no haya votos para vacar a
Castillo e inhabilitar a Boluarte. ¡Pobre el Perú con estos tibios e
impresentables en lo ético! Además,
Castillo y su endeble Ejecutivo no tienen la facultad constitucional para
interpretar las decisiones soberanas del Parlamento.