La anacrónica Ley
Universitaria Nº 30220.
Renatto Bautista Rojas
Licenciado en Ciencia Política por
la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)
Frontis del Local Central de la UNFV.
El
actual gobierno con sus aliados en el Congreso lograron la aprobación de la Ley
Universitaria Nº 30220; sin generar, consensos con las autoridades, docentes,
estudiantes de pre y post grado, y el personal administrativo de nuestras
Universidades.
Es
una ley impuesta bajo la entonces mayoría parlamentaria, sin contar con la
opinión ni que decir consenso de la comunidad universitaria en su mayoría.
¿Cuáles
son los puntos más negativos de esta anacrónica Ley Universitaria?
Primero,
la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU) es violatoria de la autonomía universitaria porque está adscrito al
Ministerio de Educación que a la vez responde al Presidente de la República;
por lo tanto, la interferencia política gubernamental es una relación dable.
Además, la misma ley en su artículo 12 señala que está adscrito al Ministerio
de Educación. Los defensores de este organismo anacrónico comparado con su par
en la dictadura militar (1968-1980) dirán que la SUNEDU vela la calidad
académica. Este punto es una falacia del tamaño de las pirámides egipcias
porque mientras los presupuestos de las Universidades Públicas siga siendo paupérrimos,
jamás las autoridades ni docentes ni tercios estudiantiles podrán implementar
aulas virtuales, construir auditorios modernos para conferencias magistrales ni
que decir del proceso de la acreditación que el actual gobierno y sus aliados
no dicen ni una palabra.
Recordemos
que el Superintendente es designado por Resolución Suprema a propuesta del
Ministro de Educación como lo señala el artículo Nº 20 de esta anacrónica ley.
Ésta es otra prueba irrefutable del control político digitado desde Palacio de
Gobierno.
Segundo,
la creación de nuevas Universidades Públicas se regentara bajo una Comisión
Organizadora designada por el Ministro
de Educación como lo señala el artículo Nº 29 de la presente ley; es decir,
volvemos a demostrar la interferencia gubernamental en relación a las
Universidades Públicas. El dedo político nacerá con la nueva Universidad
Pública.
Tercero,
en mi experiencia como Licenciado en Ciencia Política y Jefe de Práctica en la
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico
Villarreal (UNFV) he constatado que obtener el grado académico de Bachiller, el
Título Profesional como estudios de Post Grado no sólo representa un esfuerzo
académico sino una gran inversión económica. Lo que dice el papel puede parecer
bonito, pero la realidad lo supera. Les pregunto: ¿Del 100% de egresados de
nuestras Universidades Públicas cuantos obtienen un trabajo formal? De seguro
es el mínimo de cada promoción; es decir, sin un trabajo formal y remunerado
como podrán los egresados obtener su bachillerato y su posterior Título
Profesional, ni que decir de estudios de Maestría. El artículo Nº 45 de esta
ley anacrónica (sobre la obtención de grados y títulos) es irreal porque no se
congruente con la realidad que afrontan la mayoría de egresados ni con la
logística de las Universidades Públicas que no motivan; en su mayoría, a las
investigaciones académicas. Otra vez, el Estado soslaya en el aspecto
presupuestal a nuestras Universidades Públicas porque sin dinero como se
investigará, es imposible investigar de la nada.
Cuarto,
en nuestro entender el capítulo más anacrónico y polémico es el Nº VII Gobierno
de la Universidad (artículo Nº 55 hasta el artículo Nº 78).
Revisemos
algunos detalles: Para ser representante estudiantil ante cualquier órgano de
gobierno (Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad)
se debe pertenecer al tercio superior. Muestra total de una discriminación
negativa como lo denominan los abogados. ¿Qué
tal incongruencia con la realidad? Seamos honestos; mayormente, el estudiante que
está en los primeros lugares no le interesa involucrarse en la dirigencia
universitaria, prefiere dedicarse a estudiar y sólo estudiar. Claro, nos
referimos a los estudiantes del tercio superior que en verdad estudian y que no
obtienen buenas notas en base a coimas, sobonerías u otras prebendas que de una
manera anti ética obtendrían buenas notas que lo coloquen dentro del Tercio
Superior. Vayamos más al fondo y con toda sinceridad, en nuestras Universidades
Públicas existe una relación directa de docentes con las agrupaciones
estudiantiles. Quién niegue esta realidad sería como afirmar que el actual
gobierno es eficiente y es el mejor del Perú Republicano. De seguro, por una
preferencia política algunos docentes pondrían mayores notas a sus estudiantes
a fines a su grupo; en contraposición, de los estudiantes venidos de otras
canteras ¿O no? Pertenecer al Tercio Superior se ha convertido en una perfecta
herramienta de manipulación política de los docentes. La SUNEDU; anacrónica en
su origen, no puede ni podría supervisar esta realidad, ni las autoridades ni
los tercios estudiantiles.
¿Quién podría controlar al controlador de
notas? La respuesta es obvia.
Se
debería volver, al mecanismo que señala la anterior Ley Universitaria Nº 23773
donde los estudiantes que postulen a los órganos de gobierno sean quiénes hayan
aprobado el ciclo o el año anterior de estudios. Toda herramienta de
manipulación debe ser eliminada de esta anacrónica Ley Universitaria.
El
Consejo Universitario con la anterior Ley Universitaria todos los decanos la
conformaban, ahora lo conforman ¼ del total de decanos elegidos entre ellos; es
decir, esta anacrónica ley ha eliminado representantes en el Consejo
Universitario.
La
elección de autoridades como Rector, Vicerrectores y Decanos se ha hiper politizado.
Antes, con la Ley Universitaria Nº 23773 los estudiantes y docentes elegían a
sus representantes para el Consejo de Facultad como la Asambleísta y los
representantes (tanto de docentes y estudiantes) elegían a las autoridades.
Ahora, con la anacrónica Ley Universitaria Nº 30220 por “elección universal y ponderada” se eligen a las autoridades y si
ninguno de los candidatos obtiene el 50% más 1 voto, los dos más votados pasan
a una segunda vuelta; es decir, la batalla política como la incertidumbre
reinarán en nuestras Universidades Públicas. Los candidatos a Rector,
Vicerrectores y Decanos tendrán que ir de aula en aula y realizar promesas como
si fuesen los redentores de todos los tiempos; es decir, la Universidad Pública
caería bajo un populismo característica de los países de nuestra región
Latinoamericana.
El
artículo Nº 72 al establecer que las listas ganadoras (se entiende con la mayor
votación) obtengan el total de representación es un asesinato político al
principio del pluralismo democrático. Dicho principio, permite la existencia de
una mayoría como de una minoría, con la anterior ley universitaria existían la
representación en mayoría como en minoría ahora ya no lo existe.
La
democracia representativa siempre ha entendido en la existencia de mayorías y
de minorías donde todos los sectores estén representados. Ahora este sistema
electoral construirá la dictadura de una mayoría, que será relativa en la
medida que no existan actores que con claridad y firmeza se atrevan a
cuestionar dicha violación ya no sólo a la autonomía universitaria sino a los
pilares básicos de la democracia liberal venida desde el siglo XIX.
Quinto,
otro artículo anacrónico de esta ley es el Nº 84 donde se pone como edad máxima
de la docencia universitaria a los 70 años. Nos preguntamos ¿Cuál fue el
criterio de la comisión de Educación para poner un tope a los 70 años? Este
artículo es un atropello y una barbaridad porque cercena a nuestras
Universidades Públicas de docentes con gran experiencia no sólo en la docencia
universitaria sino en la gestión pública. He tenido docentes en Pre Grado que
fueron Presidentes de Directorios de empresas estatales como Congresistas; es
decir, hoy se priva a la juventud de tener esa relación directa con docentes
con amplia experiencia profesional.
De
seguro, habrán más razones que esgrimen que la actual Ley Universitaria es
anacrónica; por lo cual, su derogación es una urgencia que reclama nuestras
Universidades Públicas.
Nuestra
propuesta es la derogación de la actual Ley universitaria y la restitución de
la anterior Ley Universitaria Nº 23773 hasta que con el consenso de la
comunidad universitaria se elabore y aprueba una Ley Universitaria acorde a las
exigencias académicas y profesionales de nuestra actual sociedad.
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