Renatto
Bautista Rojas
Licenciado
en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV).
Publicado en Estado Internacional con fecha 07-01-19
El golpe de Estado es
permanente cuando el quiebre constitucional representa una sucesión de sucesos,
donde el detentador del poder político acumula más poder en sus manos, tras
sucesos hasta lograr el copamiento de las instituciones estatales, la
erradicación de toda la Oposición política y la compra; a través de publicidad
estatal, de casi todos los medios de comunicación privados.
El golpe de Estado
permanente, en el Perú, sucede en el momento que la izquierda paleomarxista y
la derechita mercantilista tomaron la decisión que Alan García y Keiko Fujimori
no sean Presidente de la República en el año 2016. Bajo el gobierno del
castrochavista Ollanta Humala, la prensa adicta al humalismo –desde blogueras a
youtubers que se creen genios pero que
ni han pisado la Universidad- decidieron destruir la imagen política del ex
presidente Alan García con los infundios de la mentira llamada narco indultos
que nunca se demostró, en el Poder Judicial, que algún imputado, por
narcotráfico, haya sobornado a García para que sea indultado. ¡Nadie lo
demostró!
¡Vil patraña humalista
y aumentada por el canal de propiedad de Pepe Graña y Gustavo Mohme!
El plan era sencillo
que García no pase a la segunda vuelta y que la candidata Fujimori lo pase,
pero en el ballotage sea derrotada por el candidato del establishment que
resultó ser PPK.
El segundo golpe de
Estado permanente fue impedir que Keiko Fujimori sea Presidente y lo lograron
con un vil reportaje, totalmente tendencioso sobre una supuesta investigación
de la DEA a la señora Fujimori. ¡Oh, casualidad! ¡Otra vez el canal de Graña y
Mohme!
Humala, 24 horas antes
de la segunda vuelta del año 2016, cambio todos los locales de votación en las
zonas rurales del Perú, mayoritarias a la candidata Fujimori, sumado a que
impidió a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que voten en el
ballotage. Con estas dos decisiones quitaron miles de votos a la candidata
Fujimori y por un estrecho margen, de menos de 20 mil votos, se impuso el
candidato del establishment.
El tal pseudo
presidente de lujo tuvo que renunciar, en marzo del 2018, tras publicarse
sendos videos de intento de compra congresistas para impedir su segunda
vacancia.
¡Tremendos mafiosos
resultaron ser los cuellos blancos de Choquehuanca! ¿No me digan que la compra
de congresistas no es un delito? ¿O solo los delitos los cometieron Fujimori
padre y Montesinos hace 19 años y no los colorados miembros del Country Club?
Tras la renuncia de
PPK, asumió la presidencia su primer vicepresidente, Martín Vizcarra que se
comprometió hacer un gobierno de entendimiento político porque lamentablemente,
en el Perú, nunca existió una real transición del gobierno autoritario de
Alberto Fujimori hacia la democracia, tal como si existió en España tras la
muerte del dictador Francisco Franco y el establecimiento de la Constitución de
1978, actual Carta Magna española.
Volviendo al Perú, el
Pedro Sánchez peruano, me refiero al presidente Vizcarra, tomó la decisión de
llamar a un referéndum para “reformar” el espíritu de la Carta Magna de 1993.
Ahora, gracias al
lavado de cerebro aplicado por los grandes medios de comunicación, aliados de
Vizcarra, y más la grosera campaña del gobierno de Vizcarra, el 85% de peruanos
apoyaron una mal llamada reforma constitucional sobre la designación de jueces
y fiscales, la prohibición de la reelección política y el financiamiento
público de todos los partidos políticos que tienen fracciones parlamentarias.
¡La desinformación y
mentira se impusieron en un país donde, el promedio, ni lee un libro por año!
¡Increíble!
El golpismo de Estado
permanente había conseguido la pseudo reforma del espíritu político de nuestra
Carta Magna. Los medios de comunicación siguieron blindando a los mafiosos
políticos (Toledo, Humala, Villarán y PPK) que fueron coimeados por la
constructora Odebrecht, brazo económico de los castrochavistas Lula y Dilma,
para hacer sus delitos en el Perú sumado a la complicidad delictiva de Pepe
Graña, dueño de la Constructora Graña y Montero, y accionista mayoritario del
más poderoso grupo mediático peruano que es El Comercio. Los medios de
comunicación lograron arrinconar política a la mayoría parlamentaria, Fuerza
Popular, tras la prisión preventiva, y en mi opinión abusiva, de la señora
Fujimori. Esa prisión sería justa si los otros “investigados”, me refiero a
Toledo, Humala, Villarán y PPK, estuvieron con prisión preventiva, pero no es
así porque existe impunidad para los cuellos blancos de Choquehuanca.
En el caso de Toledo,
Humala, Villarán y PPK el círculo de coima de Odebrecht está demostrado, pero
ninguno de ellos está preso. El primero está prófugo en Estados Unidos, el
segundo en su casa en Santiago de Surco, la tercera en su casa de playa de
Arica y el último en su residencia de la calle Choquehuanca.
¡Total impunidad para
la izquierda paleomarxista y la derechita mercantilista!
El último acto del
golpe de Estado permanente es el proyecto de Ley, presentado por Vizcarra, para
intervenir en el Ministerio Público y quitarle su autonomía que tiene según la
Carta Magna de 1993. Vizcarra tiene que generar impunidad a todos los socios de
Odebrecht en el Perú.
La Nación peruana debe
entender esta terrible traición a los millones de peruanos que somos decentes y
pagamos nuestros impuestos, con puntualidad.
Ayer, domingo, la
Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió la colegiatura del
Fiscal de la Nación por 4 años. ¡Están desesperados por tener un Fiscal de la
Nación adicto a la mafia de Odebrecht y a los cuellos blancos de Choquehuanca!
A la comunidad
internacional les digo:
Primero: En el Perú,
existe un golpe de Estado permanente porque poco a poco están acabando con el
Estado de Derecho y el equilibrio de los tres poderes del Estado. Las
democracias occidentales no deben permitir que el castrochavismo se instale en
el Perú bajo la careta de referéndums populistas e intervenciones de órganos
autónomos como el Ministerio Público.
Segundo: Marcelo
Odebrecht y Jorge Barata, CEOs de Odebrecht, dijeron en su interrogatorio
fiscal que el empresario Pepe Graña aportó millones de dólares para coimear a
los políticos peruanos, obviamente al igual que Odebrecht, y que Susana De la Puente Wiesse fue quien
recibió 6 millones de dólares para la campaña presidencial de PPK del año 2016.
Los dos oligarcas
peruanos están impunes y sin ningún requerimiento judicial. Ninguno tiene ni
orden de arraigo en el Perú.
