Renatto Bautista Rojas
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, Magíster
en Gestión de Políticas Públicas, Licenciado en Ciencia Política y catedrático
nombrado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNFV
Publicado en El Montonero, con fecha 19-01-2026
En julio de 2025, los Licenciados en Ciencia
Política y Politólogos (la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo al entregar
los diplomas de la Licenciatura en Ciencia Política sale con tal denominación
oficial) en del Perú participamos en las elecciones para elegir al Consejo
Nacional del Colegio Profesional de Politólogos del Perú (CPOL). Dicho proceso
fue supervisado por la ONPE y dio como ganadora a una lista encabezada por un
colega de la PUCP. Más allá de legítimas diferencias académicas o
universitarias-como la ausencia de representantes titulares de la Universidad
Católica de Santa María de Arequipa, que sí fueron incorporados en nuestra
propuesta desde Concertación Politológica- todos reconocimos el resultado
electoral. Lo hicimos por una razón elemental: Respeto a la institucionalidad
de nuestra carrera profesional.
Tras ello, el Comité Electoral Transitorio
procedió a juramentar al Consejo Nacional electo mediante una ceremonia
virtual, abierta e inclusiva, a la que fueron invitados politólogos de todo el
territorio nacional. Desde ese momento, el Consejo en mención quedó plenamente
legitimado y legalizado, tanto en términos jurídicos como gremiales; no hay
ambigüedad posible al respecto.
Posteriormente, el Consejo Nacional convocó a
elecciones para los Consejos Departamentales en las Filiales Departamentales de
Apurímac, Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Lima, programadas para noviembre
de 2025.
En este punto es indispensable ser precisos: El
Estatuto del CPOL no establece en ningún artículo que, en aquellas Filiales
Departamentales con más de 100 agremiados, las listas deban conformarse bajo un
criterio obligatorio de paridad por sexo. El problema fue, precisamente, que el
reglamento electoral aprobado por el Comité Electoral cayó en una
extralimitación funcional descarada cuando se introdujo dicha exigencia
superponiéndose indebidamente al Estatuto, que es la norma de mayor jerarquía
dentro de la institución; cualquier estudiante de Derecho o de Ciencia Política
sabe que ningún reglamento puede crear obligaciones que el Estatuto no
contempla es decir un reglamento no es superior en jerarquía legal a un
Estatuto.
Aun así-y este punto es clave- en una verdadera
gesta de institucionalidad y respeto por la comunidad politológica, se decidió
concurrir al proceso electoral Departamental en Lima, donde postularon dos
listas. No hubo boicot, no hubo impugnación oportunista, no hubo sabotaje: Hubo
responsabilidad institucional.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Por qué
el Consejo Nacional no tiene dirección ni rumbo?
La inquietud se profundiza cuando observamos un
hecho difícil de justificar: La realización de una segunda juramentación, esta
vez presencial, el 8 de diciembre de 2025, Día del Politólogo en el Perú. Cabe
formular la pregunta de manera directa y sin rodeos: ¿Por qué una segunda
juramentación si ya existía una primera juramentación virtual lícita, pública y
de alcance nacional?
¿Acaso el reconocimiento otorgado por los
politólogos del país no fue suficiente? ¿Era necesario buscar un nuevo aval,
esta vez de personas que no han estudiado Ciencia Política, no cuentan con el
título profesional y no forman parte del Colegio, pero que asistieron a dicha
ceremonia? La pregunta no es menor, porque interpela directamente el concepto
mismo de legitimidad gremial.
Ese mismo día se desarrolló un foro académico
nacional, del cual se esperaba una verdadera expresión del carácter nacional y
descentralizado del CPOL, tal como lo establece su propio Estatuto. Se esperaba
la participación de politólogos egresados de los distintos Departamentos del
país, así como de aquellos que estudiaron Ciencia Política, como carrera de
pregrado, en el extranjero. Sin embargo, la realidad no fue de esa manera,
Además, dos miembros del Consejo Nacional, ambas de universidades públicas,
fueron colocadas para cumplir funciones de moderación y palabras de cierre,
respectivamente. Para un Colegio Profesional que se define como nacional y
descentralizado, el mensaje fue, por decir lo menos, decepcionante.
Conviene entonces recordar lo que señala el
propio Estatuto. En su artículo 2, Naturaleza Jurídica, segundo párrafo, se
establece con claridad que el CPOL tiene carácter nacional y se estructura de
manera descentralizada en Filiales Departamentales. Más aún, el artículo 24,
segundo párrafo, precisa que cada Consejo Departamental, por su naturaleza
descentralizada, debe registrarse en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) y contar con su Registro Único de Contribuyentes
(RUC), lo que le permite gestionar sus obligaciones tributarias y formalizar su
actividad económica de manera independiente.
Esto no es un detalle administrativo. Significa
que los Consejos Departamentales cuentan con un amplio margen de maniobra y que
solo dependen del Consejo Nacional en lo estrictamente referido a la
colegiatura, precisamente por tratarse de un Colegio Profesional de alcance
nacional. Pretender lo contrario no solo es un error: Es una interpretación
centralista, estatutariamente insostenible y convenientemente guiada.
Y mientras todo esto ocurre, hay un hecho que
ya resulta escandaloso por donde se le mire: Han pasado más de seis meses sin
que se otorgue un solo número de colegiatura. En cualquier Colegio Profesional
del país, esta situación sería inaceptable. Aquí, sin embargo, parece haberse
normalizado. ¿Con qué autoridad se habla de institucionalidad cuando se
incumple la función más elemental del Colegio?
En este escenario, los Consejos Departamentales
han actuado dentro de los márgenes que el propio Estatuto les reconoce,
manteniendo una conducta institucional y permaneciendo a la espera de
definiciones claras por parte del Consejo Nacional. Lo que se observa, en
cambio, es una conducción central que gana tiempo mediante decisiones tardías o
ambiguas, generando incertidumbre en las instancias descentralizadas.
La centralidad del problema, sin embargo, no
está en las Filiales ni en sus representantes, sino en los agremiados, que
continúan esperando respuestas concretas. Los agremiados-que apostaron de buena
fe por esta opción- tienen hoy pleno derecho a exigir resultados.
Porque
cuando un Consejo Nacional no conduce, no decide y no responde, la
incompetencia deja de ser una dificultad interna y se transforma en un problema
institucional. Y allí donde no hay conducción general, difícilmente puede haber
dirección o rumbo.
A
modo de conclusión, podemos manifestar que este Consejo Nacional no está
haciendo mucho por la comunidad politológica en el Perú (incluyendo los alumnos
de nuestra carrera profesional) lo cual es una inmensa lástima para los
agremiados que siempre apoyamos la creación del CPOL a través de artículos y
entrevistas televisadas. Indudablemente, hay un Consejo Nacional sin dirección
ni rumbo, que debe rectificar por los agremiados.